⊛ ¿Qué son delitos contra la Administración? - Galán Palmero Abogados

Delitos Administrativos y Políticos

Los delitos Administrativos son conductas delictivas que se le imputan a los funcionarios públicos y autoridades. Por ello, si tiene algún caso de esta índole, no dude en ponerse en contacto con nosotros, en Galán palmero somos expertos en delitos políticos y contra la administración pública.

¿Cuáles son los delitos Administrativos?

Estos delitos se encuentran regulados en los artículos 404 al 445 del Código Penal y en la Ley Orgánica 10/1995, con fecha 23 de noviembre.

Delito de prevaricación

Esto ocurre cuando un funcionario público o una autoridad dicta una resolución injustificada relacionada con un asunto administrativo.

Para considerar un acto como un delito el funcionario o la autoridad debe obrar a sabiendas de que el acto es arbitrario e injusto, por lo que quedan excluidos los comportamientos menos graves imputables a ignorancia, error o negligencia, etc.

Por lo general, la pena impuesta es la inhabilitación del cargo o empleo público y para ejercer el sufragio pasivo por un tiempo de nueve a quince años.

Abandono de destino

Ocurre cuando un funcionario público o autoridad no persigue los siguientes delitos: contra la Comunidad Internacional; contra el orden público; delitos relacionados con la defensa nacional o contra la Constitución. Aquí también se incluyen los delitos contra la paz, de traición o de la independencia del Estado.

La pena establecida es de prisión entre uno y cuatro años, además de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargo o empleo público entre seis y diez años.

Delito de desobediencia

El funcionario público o la autoridad que se niegue a cumplir con órdenes, decisiones, o resoluciones judiciales, estará incurriendo en una falta de desobediencia.

La pena impuesta al funcionario o autoridad es inhabilitación especial para ejercer cargo o empleo público por tiempo de seis meses a dos años y multa de entre tres y doce meses.

Denegación de auxilio

Esto ocurre cuando el funcionario público no presta el auxilio requerido por la autoridad competente para administrar Justicia o cualquier otro servicio público. Por lo general este tipo de faltas se castiga con la suspensión del cargo o empleo público por un tiempo entre seis meses y dos años, además de la pena de multa de tres a doce meses.

Infidelidad por la custodia de documentos

Este es un acto delictivo que se comete cuando el funcionario público o autoridad está obligado a proteger unos documentos; sin embargo los inutiliza, destruye, sustrae u oculta. Cuando esto ocurre de forma intencional o estando totalmente consciente, la pena establecida es de prisión de uno a cuatro años, una multa entre siete a veinticuatro meses y la inhabilitación especial para ejercer cargo o empleo público de tres a seis años.

Violación de secretos

Se comete el delito de violación de secretos cuando los funcionarios revelan información que sólo ellos conocen por su cargo.

La sanción que se aplica ante estas faltas es una multa de doce a dieciocho meses, además de estar inhabilitados entre uno y tres años. Cuando la conducta delictiva ocasione daños graves para terceros o para la causa pública el castigo será la pena de prisión de uno o tres años y la inhabilitación para ejercer cargo público de tres a cinco años.

En los casos cuando los secretos pertenecen a un particular, el castigo será de prisión entre dos y cuatro años, una multa entre doce y dieciocho meses y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de uno a tres años.

Delito de cohecho

Esta es una de las faltas más graves en la que puede incurrir un funcionario público o autoridad. Consiste en la entrega de un soborno con el propósito de corromper a alguien y obtener un favor (por lo general es la entrega de dinero o regalos) en contraprestación. Esto con la finalidad de que el funcionario público omita una acción.

Para que una acción delictiva sea catalogada como cohecho, la misma debe ocurrir entre un particular y un funcionario público.

El castigo es prisión de tres a seis años, inhabilitación especial para ejercer un cargo público y una multa de doce a veinticuatro meses y prohibición para ejercer el derecho de sufragio pasivo de nueve a doce años.

Tráfico de influencias

El tráfico de influencias ocurre cuando en un hecho delictivo la principal intención es obtener un beneficio económico debido a la posición que ocupa un funcionario.

El castigo para este delito depende según los hechos específicos. Cuando un funcionario influya en otro para obtener un beneficio, la pena será de prisión entre seis meses y dos años; la inhabilitación para ejercer un cargo público y una multa.

Por otro lado, cuando un particular influye a un funcionario, el castigo será la pena de prisión entre seis meses y dos años. Asimismo, en los casos donde un particular contrata a un tercero para que realice cualquiera de las acciones mencionadas, el castigo será prisión de entre seis meses y un año. Aquí, si quien comete el delito es un funcionario, será castigado con inhabilitación para ejercer un cargo público y pena de prisión de seis meses a un año.

Malversación de caudales públicos

Esto sucede cuando una autoridad o funcionario público hace un uso indebido o sustrae algo con carácter público o un patrimonio de otra persona. El castigo además de la inhabilitación para el sufragio pasivo de seis a diez años, es una pena de prisión de entre dos y seis años.

Si el valor de lo malversado es mayor a los 50.000 euros, la inhabilitación será de diez a veinte años y pena de prisión de cuatro a ocho años.

La pena por falsear documentos será de prohibición para ejercer cargos públicos de uno a diez años y una multa de doce a 24 meses.

Fraudes y exacciones ilegales

Este tipo de faltas se comete cuando se hacen concertaciones fraudulentas o exigencia de tarifas ilegales. También ocurren mediante una estafa o apropiación indebida por parte de un funcionario público.

El castigo es la inhabilitación para ejercer el derecho de sufragio pasivo, así como para desempeñar un cargo público de seis a diez años y prisión de uno a tres años.

En los casos donde el funcionario público realiza exigencia de tarifas ilegales se castigarán con suspensión del empleo público por un tiempo entre seis meses y cuatro años, las penas de multas de seis hasta veinticuatro meses y el reintegro de las exigencias de las tarifas.

Por otro lado, en los casos de estafa o apropiación indebida con prestaciones del Sistema de Seguridad Social, el castigo es la inhabilitación para ejercer el sufragio pasivo y para ejercer cargos públicos por un tiempo entre tres y nueve años.

Negociaciones y otras actividades no permitidas a los funcionarios públicos

Esta actividad delictiva ocurre cuando un funcionario participa en algún contrato para obtener beneficios de una situación en particular. Se castiga con inhabilitación para el sufragio pasivo y para ejercer un cargo público entre dos y siete años, además de una pena de prisión de seis a los 24 meses y multa de doce a 24 meses.

Abusos al ejercer sus funciones

Las faltas catalogadas como abusos en el ejercicio de la función pública, siempre están relacionados con los delitos de tipo sexual. Las penas son la prisión de uno a dos años y la inhabilitación entre seis a 12 años.

Cuando un funcionario perteneciente a una Institución Penitenciaria o centro de corrección o protección de menores solicite favores sexuales a un menor, será inhabilitado por un período entre seis a doce años y castigado con pena de prisión de uno a cuatro años.

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Si requiere más información sobre delitos contra la Administración Pública, no dude en consultarnos, en Galán Palmero somos especialistas en delitos administrativos y políticos por lo que no dude en contactarnos.

 

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