⊛ ¿Cómo se aplica el derecho al honor y a la imagen?- Galán Palmero Abogados

Derecho al honor y a la imagen

Cuando escuchamos que alguna persona demanda a un medio de comunicación por vulnerar su derecho al honor y a la propia imagen, vemos estos conflictos muy lejanos a nuestro desenvolvimiento diario. No obstante, no podemos dejar de lado la facilidad de divulgación, tanto de información como de imágenes, a través de las numerosas plataformas digitales actuales.

Por tanto, cualquiera de nosotros podría ver violentado estos derechos fundamentales. Veamos en qué consisten.

Derechos fundamentales

Lo primero que se debe tener claro sobre estos derechos, es que se encuentran consagrados, reconocidos y por tanto protegidos en la Constitución Nacional. Además, no sólo son derechos constitucionales, sino que se encuentran establecidos dentro de lo que se denominan derechos fundamentales, lo cual los reviste de ciertas particularidades.

Lo anterior significa que, ambos derechos se encuentran altamente protegidos desde una óptica constitucional. Esto quiere decir, entre otras cosas, que su protección cuenta con un procedimiento preferente y sumario, así como que son susceptibles de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Por otra parte, en cuanto a su desarrollo legislativo se refiere, éste se limita a efectuarse únicamente por una Ley Orgánica, que debe en todo momento respetar su contenido esencial.

Derecho al honor

Se encuentra establecido en el artículo 18.1 de la Constitución Española, tratándose de un derecho personalísimo. Esto quiere decir que es propio de la esfera personal, inherente al ser humano por el simple hecho de ser persona.

Entendido lo anterior, es importante dejar claro que el derecho al honor busca preservar o proteger la reputación que sobre una persona tenga la sociedad. Pero también, pretende salvaguardar la valoración que cada uno posee de sí mismo. Todo esto teniendo en cuenta que el concepto de honor puede variar en función de las normas, valores e ideas que predominen en un momento determinado.

Derecho a la propia imagen

En cuanto al derecho a la propia imagen, es importante destacar que, si bien se encuentra establecido en el mismo precepto normativo que el derecho al honor, se tratan de derechos diferentes. Esto se evidencia, al detallar el bien jurídico protegido, el cual en este caso es la extensión pública. De manera que, se impide la obtención de imágenes de una persona o la reproducción y publicación de las mismas. Claro está que para que se pueda configurar una vulneración a este derecho, no debe constar consentimiento del titular.

Así las cosas, el derecho a la propia imagen atribuye a su titular la posibilidad de determinar qué información gráfica contentiva de sus rasgos físicos personales, pueden tener difusión pública, al tiempo que impide la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen, por un tercero no autorizado.

En este sentido, vale destacar que no tiene relevancia la finalidad, con la que se haya obtenido la imagen sin autorización, lo importante es que, afecte la esfera personal, lesionan el buen nombre y dan a conocer la vida íntima del individuo.

¿Quiénes son titulares de estos derechos?

Otro aspecto relevante es determinar quiénes pueden optar por la protección de estos derechos. Es evidente que en primera instancia y sin lugar a dudas, todas las personas físicas son titulares de estos derechos, sin excepción.

La duda se presenta con las personas jurídicas, recordemos que tanto el derecho al honor como a la propia imagen son derechos personalísimos, por lo que la figura de las personas jurídicas suele traer alguna controversia. Al respecto, se ha sostenido que las personas jurídicas carecen de titularidad del derecho a la imagen, en el sentido constitucional y fundamental del que hemos estado hablando. Esto es así porque el concepto de imagen está directamente relacionado a la persona física, como características que lo identifican e individualizan.

Sin embargo, el derecho al honor es otro asunto, aun cuando es derecho personal, no se puede excluir a las personas jurídicas. Esto queda claro cuando se evidencia que se puede dañar la reputación de una persona jurídica, por lo que se les incluye dentro de la protección de este derecho.

No obstante, es oportuno señalar que, sí existe una distinción entre personas jurídico-públicas y jurídico-privadas, reconociéndoles protección solamente a las últimas, mientras que las primeras no serían titulares de estos derechos, ya que su naturaleza es precisamente ser públicas y sujetas a contraloría.

Derecho al honor y a la imagen y el derecho a la libertad de expresión

En este punto, se debe hacer notar que las principales vulneraciones a los derechos que hemos desarrollado, se hacen en nombre de otro derecho fundamental, la libertad de expresión. Es así, como se producen conflictos entre derechos fundamentales. Para resolver estos conflictos, se debe tener presente que todos estos derechos fundamentales, se encuentran dotados de iguales garantías en la Constitución, por lo que no existe una prevalencia de ninguno de ellos.

Por tal motivo, será necesario realizar un análisis del caso concreto para determinar qué derecho prevalece y en qué condiciones. En este orden de ideas el Tribunal Constitucional ha acogido la tesis de la ponderación de principios para determinar qué derecho será preferente, evaluando los valores y principios axiológicos de cada ordenamiento jurídico, para otorgarle un peso específico a uno u otro derecho fundamental en cada supuesto.

Protección al derecho al honor y a la imagen

Como ya lo hemos señalado antes, al tratarse de derechos fundamentales, los mismos cuentan con una protección especial. Lo que hace posible acudir a la jurisdicción constitucional, específicamente al amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero también existen otras vías a las que se puede recurrir antes de la mencionada, estas son la protección civil y la penal.

La protección civil, se encuentra regulada en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Mientras que la protección, en la vía penal, se ubica  tanto en el Código Penal como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Protección penal

Sobre la vía penal vale indicar que se tipifican las calumnias y las injurias como delitos contra el honor. Encontrándose la definición de calumnia como: “la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”.

Por su parte, las injurias se definen como la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Aquí se debe destacar la gravedad de la acción.

En lo referente a la protección de la propia imagen en el Código Penal, se busca proteger la voluntad de alguien de que no se conozcan hechos que solo conciernen a la persona o a su círculo íntimo de allegados.

Protección civil

Por lo que respecta a la vía civil, el artículo 7 de la norma antes señalada, establece un listado, a modo de ejemplo, de posibles intromisiones ilegítimas. Es relevante tener en cuenta que las acciones civiles establecidas en esta Ley tienen una prescripción de 4 años.

Asimismo, la Ley Orgánica de protección de los datos de carácter personal, garantiza y protege el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, en el tratamiento de los datos personales. Esto a través de garantías como el derecho de rectificación y cancelación.

En definitiva, estas protecciones permiten adoptar medidas que pongan fin a la intromisión ilegítima y permitan el restablecimiento del perjudicado. También buscarán prevenir futuras intromisiones, así como la indemnización de los daños y perjuicios causados.

En Galán Palmero Abogados ofrecemos todos los servicios necesarios para la protección legal de nuestros clientes.

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