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Derecho medioambiental-canteras

AGUAS:

Las aguas son un recurso natural muy escaso y, al ser imprescindibles para el mantenimiento de la vida en todas sus formas, tienen un alto grado de protección. Por otro lado, el consumo de aguas es muy elevado tanto en el círculo doméstico como en el industrial y agrícola e, incluso en el campo de las actividades de ocio.

Las aguas se pueden clasificar en dos grandes grupos: las continentales que pueden ser superficiales o subterráneas y las marinas. Además, en función del uso que se les va a dar requieren una calidad específica que no se puede alterar. Así existen distintas calidades para la producción de agua potable, para las aguas dulces aptas para el baño, para la vida de los peces o para la cría de moluscos.

Como para el desarrollo de determinadas actividades es imprescindible que se produzcan vertidos de aguas residuales será necesario tramitar una "autorización de vertido" que garantice que las aguas vertidas no van a suponer una contaminación que altere la calidad de las aguas receptoras. Esta "autorización de vertidos" va unida al pago de un "canon de vertido" que se determina en función de la cantidad de agua consumida y de la carga contaminante que contenga el agua vertida.

Por su parte, para la utilización de las aguas (dominio público hidráulico) es necesario someterse a ciertas condiciones o autorizaciones que, en función del tipo de uso pueden ser Servidumbres legales, concesiones administrativas o autorizaciones administrativas.

Como en todas las actividades con relevancia ambiental las irregularidades o infracciones pueden suponer fuertes multas y la obligación, que no prescribe nunca, de restaurar el medio ambiente afectado.

ATMÓSFERA:

La contaminación atmosférica se define como la presencia en el aire de sustancias y formas de energía que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgos, daño o molestia grave para las personas o el medio ambiente.

Las fuentes de contaminación pueden clasificarse en fijas (industrias, calefacciones, generación de electricidad, etc.) y móviles (transporte). De estas fuentes, las más importantes son los procesos industriales, por el número de focos, por el volumen de sus emisiones y por el tipo y cantidad de contaminantes. Además es muy importante el clima existente en el lugar de emisión a los efectos de dispersar la contaminación.

Los contaminantes atmosféricos se pueden clasificar en dos grandes grupos:

  • Contaminantes primarios
  • OXIDOS DE CARBONO
    • El monóxido de carbono (CO) es el contaminante atmosférico más abundante. Se origina por la combustión incompleta del carbono de los carburantes. Es muy tóxico para el hombre ya que bloquea el transporte de oxígeno por la hemoglobina, lo que puede ocasionar la pérdida de conciencia e, incluso, la muerte.
    • El anhídrido carbónico (CO2) no es tóxico para las personas y se halla en la atmósfera de forma natural. No obstante, en los procesos de combustión se generan grandes cantidades de esta sustancia que van acumulándose en la atmósfera y son los responsables del efecto invernadero.
    • Óxidos de Nitrógeno (Nox) Se producen en los procesos de combustión y una vez en la atmósfera se produce una reacción fotoquímica que pueden causar diversos daños en las plantas. En los hombres originan irritación de las mucosas de la nariz, garganta y ojos, enfermedades pulmonares y, a elevadas concentraciones, pueden causar la muerte.
    • Hidrocarburos: Proceden de la evaporación de mezclas que los contienen y, aunque en general no son tóxicos para el hombre en las concentraciones en que aparecen en la atmósfera, sí hay que tener cuidado con los hidrocarburos aromáticos, que son los que presentan una mayor toxicidad para el hombre, produciendo irritación de mucosas y causar lesiones sistemáticas al ser inhalados.
    • Óxidos de Azufre (Sox). Estos óxidos pueden reaccionar con la humedad atmosférica formando ácido sulfúrico, que supone un peligroso contaminante secundario. Afectan tanto a las plantas como a las personas produciendo irritación de la garganta, tos e irritación ocular.
    • Partículas: Los efectos de las partículas sobre el hombre dependen del tamaño y la composición de las mismas. PM10.


SUELOS:

En la Ley 10/1998, básica de Residuos, se regula por primera vez en nuestro país la problemática de los suelos contaminados. La citada norma establece que las Comunidades Autónomas declararán, delimitarán y harán un inventario de los suelos contaminados. A partir de este inventario se hará una lista de prioridades de actuación en atención al riesgo que supongan para el ser humano y el medio ambiente.

Esta declaración de un suelo como contaminado supondrá una serie de obligaciones de limpieza y recuperación que deberán llevar a cabo los causantes de la contaminación y, subsidiariamente, los poseedores y los propietarios no poseedores. Esta declaración puede generar grandes perjuicios para los adquirentes que desconozcan que están contaminados y que tengan que proceder a la descontaminación, lo que supondrá un gran desembolso económico.

En otro orden de cosas la contaminación de suelos puede acarrear responsabilidades penales si, tal y como establece el artículo 325 de nuestro Código Penal, se perjudica gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o si el riesgo de grave perjuicio fuera para la salud de las personas. Así mismo, el artículo 328 establece el castigo para aquellos que establecieren depósitos o vertederos de residuos, tanto urbanos como tóxicos o peligrosos.

La definición de suelo contaminado, del perjuicio grave, del equilibrio de los sistemas naturales, etc. son las bases de una buena defensa que puede suponer la diferencia entre la condena y la absolución.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

Existe, por un lado, la responsabilidad administrativa en la que incurre el infractor que, con su acción u omisión, provoca un deterioro del medio ambiente. Esta responsabilidad supondrá una sanción económica, que incluso puede llegar a superar el millón de euros en determinadas materias, y el deber, que no prescribe, de restaurar el medio ambiente al momento anterior al daño.

Pero por otro lado puede ocurrir que el daño que se produzca afecte a bienes o derechos de particulares, los cuales no teniendo el deber jurídico de soportarlos, ejerzan sus acciones de resarcimiento solicitando la indemnización por los daños y perjuicios causados. En estos casos, el ordenamiento jurídico-privado debe intervenir, ya que estos conflictos se suelen producir en el ámbito de las relaciones de vecindad, independientemente de que el daño sea causado por culpa contractual o extra-contractual, por abuso del derecho o por un ejercicio antisocial del mismo.

Si bien la responsabilidad civil lo que persigue es la reparación del daño causado, en materia ambiental la dificultad puede surgir por distintas razones. En unos casos, es imposible la reparación "in natura" (p.ej. la destrucción de un bosque centenario), en otros es muy difícil la cuantificación de los daños (p.ej. el hecho de respirar un ambiente contaminado durante muchos años), en otros es difícil determinar los sujetos causantes de la lesión patrimonial (p.ej. determinar el causante de una lluvia ácida que se genera a cientos de kilómetros), en otros, los daños son tan enormes que es absolutamente imposible la reparación integral de los mismos (todos tenemos en mente el hundimiento y consiguiente vertido de fuel del Prestige), etc.

Además, hay que contemplar en muchas ocasiones lesiones que no tienen carácter patrimonial sino moral, que no son cuantificables porque no hay bienes concretos dañados. Un buen ejemplo de esto son las víctimas de la contaminación acústica (o cualquier otro tipo de inmisión como los olores) que tienen que soportar durante años el ruido causado por un local de ocio nocturno, que día tras día transmite ruidos a los dormitorios de las viviendas colindantes o cercanas, impidiendo el descanso adecuado a sus moradores y deteriorando la calidad de vida. Estas víctimas, a pesar de estar sufriendo una auténtica agresión diaria, no sufren daños materiales aparentes, sino morales que deben ser cuantificados por los propios tribunales en base a criterios puramente subjetivos.

RESPONSABILIDAD PENAL:

Delito Ecológico El tipo básico del delito contra el medio ambiente o delito ecológico es el que establece el artículo 325 del Código Penal:

"Será castigado con las penas de prisión de 6 meses a 4 años, multa de 8 a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de 1 a 3 años el que, contraviniendo las Leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, o las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, con incidencia, incluso, en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas, la pena de prisión se impondrá en su mitad superior"

La diferencia entre infracción administrativa y delito contra el medio ambiente o delito ecológico, es difícil de establecer ya que ambas infracciones suponen la realización de la misma acción y solo el resultado de la misma determina que los hechos se castiguen administrativa o penalmente. Por lo tanto, la gravedad del resultado es lo que determina la sanción penal. Pero la dificultad estriba en definir que es lo que se entiende por "perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales". Grave puede ser el hecho de que las condiciones del medio ambiente sufra tales alteraciones que impidan su normal desarrollo, como puede ser la reproducción de las especies. El delito contra el medio ambiente puede ser cometido por imprudencia, si bien se exige que ésta sea grave.

RUIDOS:

El ruido es un factor psico-patógeno destacado en nuestra sociedad, tal y como tiene establecido el propio Tribunal Constitucional. Es, con toda seguridad, el elemento contaminante más habitual en nuestras ciudades, pero esto no quiere decir que estemos obligados a soportar mas allá de los niveles máximos establecidos en la normativa de aplicación, salvo en casos de emergencias o situaciones especiales.

El hecho de estar sometido a un nivel de ruidos elevado produce determinadas enfermedades físicas y psíquicas graves. Episodios de ansiedad, estrés, obsesión y depresión son enfermedades habituales en las personas que sufren un exceso de ruido. Estas situaciones, lejos de irse atenuando con el tiempo, se ven agravadas y deben ser tratadas por médicos especializados. En muchos casos, además, los que sufren la contaminación acústica son tachados de aguafiestas y de in-solidarios, lo que agrava aún más su situación social. No son extraños los casos en que abandonan su domicilio, incluso vendiendo a un precio por debajo del mercado.

La defensa jurídica contra los ruidos o contaminación acústica es lenta pero muy efectiva ya que nuestros tribunales, apoyados en una legislación muy exhaustiva, están cada vez mas concienciados por el problema que ya ha dejado de ser una mera molestia para pasar a ser considerado como una vulneración de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución.

OLORES:

La contaminación por olores es una de las formas de deterioro de la calidad de vida de los vecinos de las viviendas cercanas a la fuente. Defectuosos sistemas de extracción y depuración de humos en actividades clasificadas situadas en las zonas urbanas suponen la "invasión" en los domicilios de olores pestilentes que los vecinos no tienen el deber jurídico de soportar. Restaurantes, industrias alimentarias, industrias que usan productos químicos, etc. son fuentes habituales de contaminación por malos olores. En el medio rural, las industrias agropecuarias, las depuradoras y los vertederos son los protagonistas de la invasión de los domicilios por hedores pestilentes.

Sea cual sea la fuente de los malos olores, nos encontramos ante una vulneración del derecho a un medio ambiente adecuado, protegido por el artículo 45 de la Constitución y, en los casos extremos, ante una vulneración del Derecho fundamental a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario, protegido por el artículo 18. 1 y 2 del texto constitucional y por el artículo 8 del Convenio de Roma para la defensa de los Derechos Humanos. Así lo ha reiterado la jurisprudencia, tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencia de López Ostra Contra España) como de los tribunales nacionales.

El problema jurídico de la contaminación por "malos olores" es la cuantificación de los mismos ya que, al no existir todavía "narices electrónicas" que objetiven los niveles de olores y ser éste una sensación eminentemente subjetiva no se puede establecer límites máximos que aclaren cuando se tiene el deber jurídico de soportarlo y cuando se rebasa el umbral de tolerancia. Por ello, habrá que acudir a conceptos jurídicos indeterminados como la normal tolerancia, incomodidad o el abuso del derecho y establecerlos en función de las medidas preventivas y correctoras adoptadas por el productor de los olores, la eficiencia de dichos sistemas en relación con las "mejores técnicas disponibles y, en definitiva del uso y lugar de la actividad contaminante.

RESIDUOS:

La multitud de normas que regulan los residuos (europeas, estatales, autonómicas e, incluso locales) hacen que cualquier empresa que tenga que tratar con ellos deba prestar una especial atención al modo de gestionarlos ya que un error puede acarrear sanciones que pueden llegar a varios millones de euros.

La definición jurídica de "residuos" hace que la mayoría de las sustancias u objetos puedan ser definidos como tales. A tenor del artículo 3 de la Ley 10/1998 se consideran residuos "cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el Anejo de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse".

En líneas generales, los residuos se pueden clasificar como:
  • URBANOS: que incluyen los generados en los domicilios, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos. Además, también tendrán la consideración de urbanos los procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, animales domésticos muertos, muebles, enseres abandonados, vehículos abandonados y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación doméstica.
  • PELIGROSOS: entre estos se incluyen las sustancias anatómicas, residuos hospitalarios y clínicos, productos farmacéuticos y veterinarios, conservantes de la madera, biocidas y fitosanitarios, residuos de disolventes, sustancias orgánicas halogenadas, sales de temple cianuradas, aceites y sustancias oleosas, mezclas de aceite y agua, hidrocarburos/agua, emulsiones, sustancias que contengan PCB y/o PCT, materias alquitranadas, tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas, barnices, resinas, latex, colas, plastificantes, sustancias químicas no identificadas o de efectos desconocidos, productos pirotécnicos y otros materiales explosivos, sustancias químicas y productos de tratamiento usados en fotografía, etc.


FLORA Y FAUNA:

Protección Flora y FaunaSi bien en la antigüedad la protección de la fauna salvaje tenía razones cinegéticas, de modo que se garantizaran las especie objeto de la caza, hoy en día las cosas son muy diferentes debido a la preocupación de los poderes públicos por la conservación de la naturaleza y por la desaparición de especie de flora y fauna, algunas veces de forma irreversible.

En este contexto, las normas jurídicas promulgadas tienen como objeto establecer las medidas necesarias para garantizar la conservación de las especies de flora y fauna silvestres, con especial atención a las especies autóctonas y a los hábitats. Así mismo, se crea el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas al que se unen los de cada comunidad autónoma.
El derecho internacional ha regulado la protección de la flora y la fauna a través de distintos convenios, entre los que hay que destacar el de Bonn para la protección de las especies migratorias, el de Berna para la conservación de la flora y fauna silvestre, el de Ramsar para los humedales, el Washington sobre el Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna Salvaje amenazadas de extinción (CITES) y el de Río de Janeiro sobre la diversidad biológica. A partir de estos Convenios, los distintos países han incorporado las citadas normas a su ordenamiento interno mediante la ratificación de los citados convenios.

Especialmente importante es el tráfico de especies exóticas por el volumen que está alcanzando y que lo convierten en el tercer tipo de contrabando más rentable del mundo. Este comercio ilícito supone la regresión de muchas especies, la introducción de ciertos tipos de enfermedades que pueden afectar a la fauna autóctona, el maltrato y muerte de muchos ejemplares durante el transporte, etc. Todo ello hace que la regulación de este comercio sea muy estricta y, por tanto, la importación de mascotas adquiridas alegremente en viajes turísticos a países exóticos se puede convertir en una fuente de conflictos que lleven aparejadas fuertes multas.

En un orden ascendente de responsabilidad hay que hacer notar que el vigente Código Penal establece un capítulo entero a la protección de la flora y la fauna (Artículo del 332 al 337). Así, el que corte, tale, queme, arranque, recolecte o trafique con alguna especie de flora amenazada, puede ser castigado con hasta dos años de prisión (Art. 332). En aras de la protección de las especies autóctonas se penaliza también la introducción de especies no autóctonas (Art. 333) para intentar que no se vuelvan a producir situaciones de desequilibrio biológico como las causadas por la introducción del cangrejo americano que exterminó al nacional, o el lucio u otros tantos que afectan al resto de las especies que compiten en el mismo entorno. También la caza de especies amenazadas o la simple caza en periodos de veda están castigadas en el código penal.

Por último, hay que hacer referencia a la inminente reforma del código penal que, entre otros aspectos, va introducir como tipo delictivo el maltrato a los animales, tipificación largamente demandada por los amantes de los animales y que denota un alto nivel de concienciación con los derechos de los animales, a pesar de que el abandono no se haya incluido en la citada reforma.

CANTERAS:

El Despacho Galán Palmero Abogados, desde sus inicios mantiene una especialización en la rama jurídica relativa a la legislación de Minas y Canteras. Esta especialización se inicia al ser contratados por la Plataforma ciudadana en Defensa de la Salud y la Sierra de Alhaurín de la Torre. Como letrados de esta Asociación se ha conseguido uno de los más grandes éxitos jurídicos de una Plataforma vecinal, en su defensa del medioambiente y la calidad de vida. Después de 40 años de funcionamiento ilegal se consiguió sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 4 de Málaga, indicado que el 80 por ciento de las Canteras del término municipal de Alhaurín de la Torre eran ilegales y clandestinas, por lo que se decretaba su cierre. Esta sentencia fue confirmada posteriormente en el año 2005 por el TSJA. Finalmente incluso ante el Recurso de Amparo presentado por los propietarios de estas canteras el Tribunal Constitucional en Auto del año 2009 válido todas las actuaciones jurídicas anteriores.

Partiendo de esta base Galán Palmero Abogados, ha ejercido su asistencia letrada a numerosas Plataformas de Vecinos y otras entidades en el árido tema de la legislación medioambiental, administrativa y penal que suscita la actividad minera o la de canteras. Así en municipios como Mijas, Ojén, Casares, Casarabonela, Frigiliana, Almendralejo, Pontevedra, Provincia de Sevilla, etc.

Por tanto, a través de nuestra experiencia y de nuestra formación podemos ofrecer un asesoramiento integral en esta materia a toda persona física o jurídica que lo solicite.

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